En el 2001, cuando Denia Pérez tenía apenas 12 años, sus papás escucharon que por haber vivido en Estados Unidos hacía más de 10 años y tener hijos ciudadanos, podrían recibir permisos de trabajo y luego legalizarse con residencia permanente.
Los papás de Denia habían llegado desde México con visas de turista en octubre de 1990 y ante la creciente ola de redadas de Inmigración en los sitios de trabajo, decidieron buscar ayuda legal para tratar de resolver su estatus. Ahí empezó su pesadilla.
“A mis papás les dio mucho miedo lo que estaba pasando y cuando fueron a ver a un notario para mirar si había alguna alternativa para legalizarse, él les dijo que por el tiempo que tenían aquí podían arreglar las cosas y sometió unos papeles sin que ellos supieran de qué se trataba”, comenta la joven.
“Luego recibieron un permiso de trabajo y cuando pensaban que todo iba por buen camino les llegó una cita para una entrevista y allí se dieron cuenta que el notario, quien hoy está en una prisión federal, había pasado una petición de asilo, algo a lo que no calificaban. Obviamente les negaron el caso y los pusieron en proceso de deportación”.
El caso de los padres de Denia es solo uno de los que a diario enfrentan cientos de inmigrantes de Nueva York y otras partes del país, debido a falsas promesas de abogados y notarios inescrupulosos que prometen conseguir la ‘Green Card’ bajo la llamada “Ley de los 10 años”.
Según organizaciones pro-inmigrantes y las propias autoridades, esta se ha vuelto una de las maneras más comunes de fraude contra indocumentados, que no solo son engañados económicamente, sino que los lleva ciegamente a un proceso en el que muchos tienen que abandonar el país.
Cuidado con las mentiras
Así lo advierte Kendal Nystedt, abogada de Inmigración de la organización Make the Road NY, tras explicar que debido a la engañosa información sobre la ley de los 10 años a su oficina han acudido muchas personas que cayeron en esa trampa.
“La ley de los 10 años no existe como la gente cree. No es posible aplicar por algún beneficio basado en tiempo, a menos que una persona ya esté en proceso de deportación. Es el último recurso, pero solo es posible cuando se emite la orden para deportar a alguien, antes no”, comentó la abogada. “Si alguien dice que puede ayudarlo a aplicar para obtener beneficios solo por haber vivido aquí más de 10 años, eso es mentira, y llegar hasta ahí puede ser muy peligroso”.
La experta explicó que por la falta de ética muchos abogados llevan forzadamente a los indocumentados al escenario de la deportación, violando muchas normas, pues presentan casos que de antemano saben que no serán aprobados.
“Los abogados presentan una solicitud ante Inmigración por asilo político porque saben que mientras el caso está pendiente, es posible obtener un permiso de trabajo, pero no están explicando lo que están haciendo”, dijo. “El cliente piensa que recibe ese beneficio basado en su tiempo en Estados Unidos, pero cuando reciben la cita de la entrevista en la oficina de asilo, muchos ni entienden por qué los están citando allí, y al no cumplir con los requisitos, sus solicitudes no son aprobadas y los ponen en proceso de deportación”.
Es solo en ese punto cuando los abogados pueden aplicar la ley de los 10 años, que es utilizada solamente como último recurso para frenar deportación, uno de los casos más difíciles de ganar, pues la persona afectada no solo debe demostrar haber estado en el país continuamente por más de 10 años y tener buena conducta moral, sino que tiene que comprobar que de ser deportado sus hijos, cónyuges o padres (que deben ser residentes o ciudadanos), sufrirían de una manera “excepcional y extrema”.
Alertan sobre fraudes
Y ha sido tan alarmante el incremento de estafas a inmigrantes, que incluso el alcalde Bill de Blasio y la oficina de la Fiscalía General de Nueva York y el Departamento de Asuntos del Consumidor, lanzaron recientemente una campaña advirtiendo a las personas indocumentadas sobre este fraude.
“Muchos inmigrantes acuden adonde un notario o un consultor de inmigración en busca de ayuda con sus aplicaciones de inmigración, pero desafortunadamente muchos de ellos no son licenciados ni calificados para proveer servicios o consejos legales. Una fraude común es la llamada ‘green card de 10 años’ o ‘ley de los 10 años’”, aseguró Jessica Ramos, vocera de la Alcaldía, quien hizo un llamado a denunciar. “Afortunadamente todos los neoyorquinos tienen derechos contra los fraudes de inmigración, sin importar su estatus migratorio”.
La mala noticia, como explicó la abogada Nystedt, es que más allá de denunciar a los abogados y notarios que cometen fraude y que ponen a los inmigrantes en procesos riesgosos, quienes son víctima de este tipo de engaño no tienen ningún alivio real y definitivo en términos de inmigración, sino que son puestos en un limbo que puede llegar a durar muchos años, que de paso termina siendo sumamente costoso y estresante y que al final en la mayoría de los casos no le resuelve el estatus.
“Mientras dura el proceso la persona tiene que estar renovando su permiso de trabajo cada año y seguirle pagando a los abogados”, explicó la experta.
Los padres de Denia Pérez gastaron más de $20,000 durante los 12 años que su proceso de deportación estuvo activo y más allá del miedo constante a ser sacados de país, pues Inmigración ya tenía toda su información como parte del proceso, por esa vía falsa de la ley de los 10 años no lograron nada.
¿Cuándo un indocumentado puede recurrir a la ley de los 10 años?
La “ley de los 10 años” para legalizarse no existe como tal, lo que sí hay es una figura legal que solamente sirve para tratar de cancelar una orden de deportación existente. Esta figura fue creada por el Congreso en 1996 y solo puede ser usada como último recurso cuando alguien sin papeles que tiene más de 10 años viviendo en Estados Unidos está ya en un proceso ante una corte de Inmigración para ser removido del país. Para ello exigen que la persona indocumentada haya residido continuamente en el país por lo menos 10 años, haya tenido un buen carácter moral durante ese tiempo (si tiene dos delitos menores ya no puede ser cobijado) y lo más importante, demostrar que su deportación causaría “un dolor excepcional y extremo” a un familiar inmediato que sea ciudadano estadounidense o residente permanente; es decir un cónyuge, padre o hijo. Inmigración solo otorga un máximo de 4,000 cancelaciones de estas al año.
Consejos de la Fiscalía de NY
- Nunca pague una cuota para acelerar una solicitud. Los individuos no pueden acelerar su solicitud por dinero.
- Nadie puede garantizar que será aprobado para beneficios específicos. Si alguien presenta una garantía de este tipo, no emplee sus servicios.
- Sólo los abogados o servidores acreditados por la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) pueden dar consejos sobre qué formulario debe presentar para solicitar a un nuevo programa.
- A pesar de que muchos notarios públicos son abogados en los países de habla hispana, en Estados Unidos no lo son. No los contrate a ellos para pedir consejo legal.
- Antes de firmar cualquier formulario de inmigración, usted debe entender y estar de acuerdo con lo escrito.
- Si un formulario no está escrito en su idioma, y no lo ha entendido, no lo firme.
- Cualquier cosa que firme y que sea cierta y exacta puede ser considerado un acto fraudulento por el USCIS, y esto va a tener repercusiones graves.
- Siempre es más seguro pagar por cualquier servicio que obtenga con money order, cheque o tarjeta de crédito. No pague con dinero en efectivo.
Para denunciar:
Los inmigrantes que sientan que fueron víctimas de fraude por parte de abogados o servicios de inmigración, pueden denunciar al 311 o a la línea NYS New Americans al número (800) 566-7636.
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