Eran dueños de plantas de procesadoras de carne. Falsificaban los registros de nómina para no pagar lo justo a los obreros

NUEVA YORK – Los propietarios de una planta procesadora de alimentos de Westbury, en el condado de Nassau, Long Island cayeron en manos de la justicia acusados de robo de salarios a sus trabajadores.

Roy S. Tuccillo, padre y Roy Tuccillo, hijo, estafaron a 10 trabajadores hispanos, originarios de Centroamérica, mediante un esquema de falsificación de registros de nómina, trama con la que usualmente ocultaban el robo de salario.

Los implicados, dueños de las compañías, Diversified Processors, Inc. y Processors Inc. fueron sentenciados este martes. Los Tuccillo, se declararon culpables de robar $ 120,555 el pasado 27 de marzo de 2018 en la Corte Suprema del Condado de Nassau, donde se les formularon los cargos, entre ellos: robo a gran escala, delito tipificado de cuarto grado y de falta de pago de salarios, un delito menor no clasificado.

Este martes fueron sentenciados a 3 años de libertad condicional y a restituir a los trabajadores el monto $120,555 que no les pagaron y una multa adicional de $500.

“Los trabajadores tienen derecho a un pago justo por su trabajo. Nuestra oficina continuará protegiendo ese derecho y procesará las violaciones laborales hasta el máximo alcance de la ley”, dijo la Fiscal General Interina Barbara Underwood, durante el anuncio.

La identidad de los 10 trabajadores afectados no fue revelada porque aún el proceso de investigación está abierto, pero se supo que son hondureños y salvadoreños.

El esquema de fraude

Las empresas de los Tuccillo, operaban en el 32 de la avenida Urban, en Westbury, desde hace más de 20 años.

De acuerdo al expediente facilitado por la oficina del Fiscal General, las formas como explotaron a los trabajadores que incluyen, decirle a los trabajadores que se les pagaría solo por sus primeras 40 horas de trabajo por semana, aunque a menudo trabajaran 60 o más horas.

Los acusados tampoco mantenían el seguro de compensación para trabajadores, a pesar de los riesgos que enfrentaron los obreros al manejar equipos pesados y afilados en el procesamiento acelerado de alimentos. La pesquisa determinó que había un historial de lesiones laborales como resultado de accidentes en las instalaciones.

En 2016, la Junta de Compensación para Trabajadores emitió una orden de Parar el Trabajo porque la instalación no tenía seguro de compensación para los obreros.

La investigación también determinó que los demandados no retuvieron las tarjetas de tiempo que los trabajadores utilizaron para ingresar y salir, y luego falsificaron deliberadamente las horas trabajadas, utilizando varias compañías diferentes de proveedores de nómina.

La Fiscalía General concluyó que los demandados retuvieron ilegalmente y robaron los salarios en violación de la ley laboral y penal de Nueva York.

Desde 2011, unos $30 millones en salarios robados a más de 21,000 trabajadores en todo Nueva York han sido recuperados por esta dependencia.

Llaman a mantener línea de defensa de trabajadores

A propósito del escándalo que llevó a la abrupta renuncia del entonces fiscal general Eric Schneiderman el 7 de mayo y la contienda para elegir el nuevo titular prevista para el 6 de noviembre, defensores de los derechos civiles y de organizaciones comunitarias, instaron a que la Fiscalía General del Estado de Nueva York, mantenga su línea de defensa de los trabajadores e inmigrantes.

Schneiderman mantuvo una firme posición contra el robo de salarios,  los fraudes migratorios y las medidas anti inmigrantes del gobierno de Trump.

En consecuencia, en su momento, líderes como Héctor Figueroa, presidente del Sindicato 32BJ y Javier Valdés, director de la organización Make the Road NY, entre otros, se pronunciaron en favor de que la Fiscalía General, mantenga su lucha contra el robo de salarios, que se cumplan las leyes de salario mínimo y la defensa de los inmigrantes indocumentados.

Muchos trabajadores, generalmente hispanos indocumentados, son abusados por sus empleadores por no tener permiso de trabajo. Uno de los abusos más comunes es el robo de salarios, ya sea que el empleador les pague menos horas de las que realmente trabajaron o por debajo del salario establecido por la ley.

“No importa el estatus migratorio del trabajador, si el acuerdo fue sólo verbal o si no existe un contrato de trabajo. Todo trabajador tiene derecho a un salario justo y puede reclamarlo”, explicó el abogado Justin Cilenti, de la firma especializada en reclamos salariales Cilenti & Cooper, PLLC.