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Source: El Diario
Subject: Immigration
Type: Media Coverage

Demandan que la derogación de DACA violaría la Quinta Enmienda

Un joven mexicano de Brooklyn se ha convertido en la voz y el rostro de la lucha de más de 800,000 ‘dreamers’ en la nación, al emprender una ofensiva legal contra la Administración del presidente Donald Trump y su decisión de rescindir DACA.

Martín Batalla Vidal, quien llegó con su familia a la ciudad de Nueva York en la década de 1990 a los siete años, acudió este jueves a una audiencia judicial en la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn para pedir la enmienda de la demanda Batalla Vidal v. Baran, interpuesta inicialmente en 2016 para impugnar la decisión de un juez federal de Texas de impedir la entrada en vigor de DAPA.

Con la presentación este jueves de la nueva enmienda a la demanda civil se hace énfasis en que la revocación de DACA el pasado 5 de septiembre “viola la Ley de Procedimiento Administrativo(APA) y la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos” y “está motivada inconstitucionalmente por ánimos antimexicanos y antilatinos, una violación del componente de igual protección de la Cláusula de Debido Proceso de la Quinta Enmienda”.

La querella sostiene que “las declaraciones antimexicanas del presidente Trump, desde el inicio de su campaña (…) demuestran su intención de discriminar contra personas mexicanas y latinas”.

“Nueva York es mi hogar”, dijo Batalla Vidal, nacido en el estado mexicano de Morelos. “Necesitamos pelear para asegurar las protecciones constitucionales contra la discriminación (…) Donald Trump atacó directamente a los mexicanos y latinos desde los primeros días de su campaña, hay una clara violación de las leyes federales”.

La demanda inicial del 2016 se presentó en nombre del ‘dreamer’ de 26 años y la organización Make the Road New York (MRNY), pero con la nueva enmienda se pretende agregar a más demandantes y convertirlo en un caso colectivo.

La abogada Marielena Hincapié, directora ejecutiva de National Immigration Law Center(NILC), explicó que ahora la demanda argumenta que “las acciones del presidente Trump violan la ley federal y la garantía constitucional de igual protección”.

La demanda fue presentada en Brooklyn Borough Hall por el presidente del condado Eric Adams y decenas de manifestantes, quienes entonaron consignas como “todos somos DACA” y “Trump, escucha, estamos en la lucha”. El grupo realizó una marcha a la Corte Federal antes de la audiencia.

“Tengo esperanza en que esta demanda se convierta en un referente para otros estados. Es muy significativo para los beneficiados de DACA que un ‘dreamer’ lidere esta lucha. El programa nos sacó de las sombras y nos ofreció estabilidad económica, emocional y profesional. Quitarnos es beneficio es un ataque directo a nosotros y nuestras familias”, dijo Eliana Fernández, una ‘dreamer’ miembro de MRNY.

Lucha en las cortes es necesaria y esperanzadora

César Vargas, el primer abogado ‘dreamer’ de Nueva York, quien consiguió ejercer su profesión tras una batalla judicial de cuatro años, dijo que el caso Batalla Vidal v. Baran se ha convertido en un referente y una fuente de esperanza para los jóvenes beneficiarios de DACA.

Vargas, originario del estado mexicano de Puebla, dijo que el caso de Batalla Vidal, al igual que la demanda interestatal interpuesta por el fiscal Eric Schneiderman, son necesarias para denunciar “la eliminación ilegal y sesgada de DACA”.

“Es anticonstitucional”, sentenció. “No puede violar la constitución (…) seguiremos presionando por una legislación permanente y comprensiva que proteja a cientos de miles de ‘dreamers’ en los Estados Unidos y en Nueva York”.

El abogado dijo que “es muy factible” que el caso Batalla Vidal v. Baran rinda frutos y sirva como una trinchera para impulsar una poderosa ofensiva legal contra la Administración de Trump.

Además de MRNY y NILC, el caso es presentado por Worker and Immigrant Rights Advocacy Clinic (WIRAC) de la Escuela de Leyes de Yale.

El DHS afirmó en un memorándum que no compartirá “proactivamente” información de los ‘dreamers’ con autoridades de inmigración, y que los beneficiarios de DACA no serán prioridad de deportación; sin embargo, sí podrán ser detenidos y procesados, explicó Hincapié.

La agencia federal aclara en el documento que habrá una excepción de las anteriores garantías si el ‘dreamer’ plantea una amenaza para la seguridad interna o cumple con los criterios de un aviso de comparecencia de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), lo que es injustificable, asegura Hincapié, “porque los ‘dreamers’ ya han proporcionado información personal y confidencial al gobierno de los Estados Unidos y han pasado por un riguroso proceso de verificación de antecedentes que les ha permitido recibir un permiso de trabajo de dos años”.

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