Un día detenido en las instalaciones de Inmigración de Manhattan fue una eternidad para Andrés Ruiz, un joven peruano de 22 años, que estuvo a punto de ser deportado a su país de origen hace unos meses atrás. Angustia, miedo, incertidumbre, desesperación y ansiedad no le abandonaron en su estadía por aquel “indeseable” recinto.
Andrés pidió que su verdadero nombre fuera cambiado para proteger su identidad. El joven llegó a Estados Unidos cuando apenas tenía ocho años de edad. Lo hizo en compañía de su madre, quien venía en busca de mejores condiciones para ella y su familia. Andrés recuerda muy poco de Perú, pues gran parte de su vida la ha pasado en Long Island; más de diez años.
Su infortunio comenzó una noche en la que tuvo una pequeña riña con un sujeto que intentó robarle a su novia en una fiesta familiar. La policía no tardó en llegar y fue arrestado. Más tarde fue juzgado en la Corte Suprema de Central Islip y posteriormente llevado a las celdas de la penitenciaría de Riverhead.
“Yo no podía creer que estaba en esa situación tan embarazosa, si lo único que hice fue defender a mi novia de un ladrón”, expresó Andrés. “En la cárcel había mucha discriminación por parte de los guardias de seguridad, especialmente a mi por ser hispano y no tener documentos legales”, dijo. “Todo el tiempo me decían que me fuera a mi país, que me iban a deportar”.
Cuando Andrés se enteró, luego de pasar unos días en la cárcel, que iba a ser trasladado a Inmigración para ser expulsado a su país, inició su calvario. “Yo no podía comer, no podía dormir. Mi única familia es mi mamá, no conozco otro país que no sea este”, añadió Andrés. Miles de interrogantes lo atormentaron por varios días, entre ellos, qué iría a hacer a un país totalmente desconocido para él.
“En Estados Unidos está mi vida, mi presente y mi futuro”, aseguró. “Yo no podía dejar que me separaran de mi madre, tampoco podía imaginarme dejándola solita en este país”.
Andrés terminó su escuela secundaria y sus estudios universitarios como contador. “Mi madre ha hecho muchos sacrificios para que yo estudie y salga adelante en este país. Nadie tiene el poder de tirar todos nuestros sueños y esfuerzos a la basura”, afirmó.
Cuando analizaron su caso en la Oficina de Detención y Deportación de Nueva York, Andrés fue dejado en libertad debido a que cumplía con los requisitos para aplicar al programa de Acción Diferida (DACA, por sus siglas en inglés). “Mi vida cambió en cuestiones de segundos, ahora valoro mucho más cada oportunidad que Dios me ha dado en este país. No me pienso ir, aquí está todo para mí”, ratificó.
Como el de Andrés, hay miles de casos de deportación en todo el país. Las cifras cada vez son más alarmantes. En promedio más de 1,000 indocumentados son deportados diariamente de Estados Unidos. Son más de dos millones los que han sido despatriados a lo largo del gobierno del presidente Barack Obama, según datos proporcionados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Números sin antecedentes en la historia de Estados Unidos.
Por ello, organizaciones pro reforma migratoria no descansan hasta que ésta sea aprobada. El pasado jueves, 10 de abril, se llevó a cabo un Día de Acción Nacional, en el que activistas, grupos religiosos, inmigrantes y la comunidad en general se reunieron para seguir apoyando la legalización de más de once millones de inmigrantes que aún se encuentran en las sombras. Se Hace Camino Nueva York, junto a organizaciones como Comunidades para el Cambio Nueva York, SEPA Mujer, La Mesa Cívica de Long Island, Hermanas de San José, Trabajos Con Justicia Long Island y CARECEN se unieron a este día de acción en un foro realizado en Brentwood para demandar la aprobación de la reforma migratoria y el cese de las deportaciones.
El grupo pidió nuevamente al congresista Peter King que firme la petición de descarga que obligaría a la Cámara de Representantes a votar por el proyecto de reforma HR- 15. Más de una docena de miembros de la comunidad hicieron llamadas telefónicas a la oficina de King durante el evento, como parte de la manifestación.
Martha Maffei, directora ejecutiva de SEPA Mujer, dijo que la comunidad inmigrante tiene más poder que del que se cree. “Somos 80% de la población, los que queremos una reforma migratoria ahora. Somos más que ellos y lo vamos a lograr”, aseguró.
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