Aunque la Corte Suprema rechazó 3 de 4 apartes de la Ley de Arizona, se mantuvo la provisión que permite a policías “pedir papeles” a detenidos.

Este lunes la Corte Suprema de Justicia emitió la decisión final del caso entre el estado de Arizona y el gobierno federal, mediante el cual se buscaba dictaminar la validez de apartes de la ley de inmigración SB1070. La ley fue aprobada por la legislatura del estado de Arizona en el año 2010, y su puesta en marcha fue detenida por una corte federal, al considerar que el estado de Arizona tomaba atribuciones exclusivas del gobierno federal.

Los jueces de la corte dictaminaron que tres de las cuatro disposiciones que se encontraban en revisión eran competencia exclusiva de la ley federal, sin embargo, la sección 2b, que autoriza a los oficiales del orden público a establecer el estado migratorio de personas detenidas fue validada por los jueces.

En una decisión dividida, los jueces del supremo rechazaron los apartes de la ley que autorizaban a los agentes del orden público de Arizona (policías estatales y municipales) a verificar el estado migratorio de cualquier persona detenida, o si el agente tenía una “sospecha razonable” de que se trataba de un inmigrante indocumentado. 

Los apartes que convertían en delito bajo la ley de Arizona que un inmigrante no llevara consigo una identificación que probara su status legal y el que criminalizaba el empleo o trabajo no autorizado por el gobierno federal también fueron rechazados.

Sin embargo, la sección 2b de la SB1070, la cual faculta a los policías a realizar arrestos si el agente tiene una “causa probable” de creer que un individuo ha cometido un crimen que lo convierta en sujeto de ser deportado de Estados Unidos, fue avalada por la Corte Suprema de forma unánime.

Los jueces de la Corte aseguraron que la decisión aún puede ser objeto de demandas legales adicionales, por lo que aún no se sabe con certeza cuando se pondría en vigencia la ley. 

“La ley y política de inmigración son y deben permanecer estrictamente competencia exclusiva del gobierno federal, limitando el papel que puedan ejercer los estados para fijar políticas de inmigración”, aseguró mediante un comunicado Bill Robinson III, Presidente de Colegio de Abogados de los Estados Unidos (American Bar Association, ABA, por sus siglas en Inglés).

A nivel local, voceros de grupos y organizaciones que se han manifestado en contra de la Ley de Arizona mostraron inconformidad ante el fallo de la corte. En palabras de Maryann Sinclair Slutsky, Directora Ejecutiva de Long Island Wins, el fallo de la corte fue “frustrante”. “La corte mantuvo una de las peores provisiones de la ley, una verdadera intrusión del gobierno que le permite a la policía preguntarle a cualquier persona detenida por sus papeles de inmigración, independientemente de que la persona haya sido acusada de un delito”.

Saúl Linares, miembro de la Junta Directiva de la Red Nacional de Jornaleros, aseguró que la decisión de la corte marcó un día negro para los inmigrantes indocumentados, “fue como echarle un balde de agua fría a alguien que ya está helado (…) la decisión que se tomó es una decisión bien dura porque prácticamente convierte a la policía en polimigra”, afirmó, “hay otros estados que tienen proyectos de ley parecidos y estaban esperando que la Corte Suprema resolviera ese caso para seguir adelante en sus proyectos, entonces lo que sucede es que a nivel nacional vamos a comenzar a ver prácticamente copias de la SB1070” 

Por su parte, Daniel Altschuler, Coordinador de la Mesa Cívica de Long Island y organizador de Se Hace Camino a Nueva York, aseguró que el aparte avalado por la corte puede llevar al perfilamiento racial de los residentes del estado de Arizona, “la policía ahí puede y tiene que parar a cualquier persona que ellos creen que puede ser inmigrante indocumentado y obviamente nosotros sabemos que no hay digamos cierta ropa que utilizan todos los inmigrantes indocumentados, no hay una forma de hablar que comparten todos los inmigrantes indocumentados, no hay una forma de averiguar esta información y de saber quién es inmigrante y quién no es inmigrante, quién es documentado, quién es indocumentado y por lo tanto da demasiada discreción a la policía de Arizona”. 

Altschuler aseguró que la mejor manera de evitar que se den nuevas leyes de corte como la de Arizona, es concientizando a la comunidad sobre la importancia del voto, “Esta decisión muestra la importancia de la participación electoral no solamente en estado como en Arizona pero también en otros estados inclusive en Nueva York donde tenemos que organizar a la comunidad latina e inmigrante para salir a votar este año para que los políticos en cualquier estado sepan que hay un castigo por avanzar este tipo de proyecto de ley”.

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