Tres de cada cuatro hispanos de bajos ingresos no tienen derecho a tomar un día de enfermedad para cuidar de sí mismos o de sus hijos sin temor a perder sus trabajos, según un reporte a ser publicado en los próximos días por la Sociedad de Servicios Comunitarios.

El Concejo de la Ciudad tiene el poder para remediar este problema.

Una propuesta legislativa [con el apoyo de Se Hace Camino NY] reintroducida ayer en el Concejo traería alivio a estos trabajadores al exigir a sus empleadores a que les permitan tomar un día de enfermedad sin perder su salario o su empleo –un derecho básico que todo trabajador fijo debe tener.

La nueva propuesta –que viene después de un intento fallido en 2010– resuelve inquietudes sobre el impacto económico que tal requerimiento tendría en los negocios pequeños y nuevos. El plan revisado exime a las compañías con menos de cinco empleados, y da un año de gracia a las empresas nuevas. Pero protege a todos los empleados de ser despedidos sólo por no ir al trabajo por motivos de salud.

Porque esta ley ayudaría a neoyorquinos de todas partes de la ciudad –unos 1.5 millones de trabajadores en total, la mayoría de ellos latinos y mujeres con niños– la propuesta podría recibir suficiente apoyo de los miembros del Concejo para convertirse en ley, pero no tiene el respaldo de la presidenta del Concejo Christine Quinn, el cual es necesario para llevar la propuesta a votación.

Quinn ha expresado oposición por razones económicas. Ella dice que costará demasiados empleos.

Pero la evidencia en la ciudad de San Francisco –donde existe una ley similar desde 2007– sugiere que la mayoría de los negocios son perfectamente capaces de absorber este costo. El estado de Connecticut, la ciudad de Seattle, y Washington, D.C., también han adoptado regulaciones similares.

Investigaciones empíricas, entre ellas las del Instituto para la Investigación de Políticas para la Mujer, muestran que el costo de adoptar regulaciones de días de enfermedad es marginal y de hecho puede generar ahorros. Eso es porque los trabajadores que no tienen días de enfermedad tienden a posponer chequeos médicos preventivos y esperar hasta que ya están enfermos para acudir a salas de emergencia, lo cual aumenta el peso financiero para los contribuyentes y pone en riesgo la salud pública.

Por años, El Diario/La Prensa ha documentado casos de latinos que han sido despedidos abruptamente por no haber ido al trabajo por razones de salud, incluso después de haber trabajado por años para el mismo empleador.

Es tiempo de establecer reglas justas en el mercado laboral de la ciudad. Enérgicamente exhortamos a Quinn a que ayude a pasar esta ley.

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