La presión para que el gobernador Andrew Cuomo retire al Estado del programa Comunidades Seguras sigue creciendo.
Ayer, a un año de que el gobernador David Paterson firmara el Memorando de Entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) con la agencia de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), un grupo de activistas pro inmigrantes se reunió para protestar por segunda vez en dos semanas afuera de sus oficinas en Manhattan.
"Cuomo ha expresado mucho interés en este tema pero no ha tomado acción y no necesitamos que nos siga asegurando que va a hacer algo, necesitamos acción ahora mismo", dijo Michelle Fei, de Families for Freedom.
Durante su campaña a gobernador, Cuomo prometió revisar este programa si resultaba electo, sin embargo tras la marcha de religiosos la semana pasada su oficina explicó que aún estaban revisándolo.
"Es tiempo que el gobernador cumpla su promesa, revoque este acuerdo y que haga lo correcto moralmente. Creo que el gobernador entiende y cree en el aporte que han hecho los inmigrantes en todo el país, y en particular en Nueva York", dijo el concejal Daniel Dromm.
Comunidades Seguras es un programa federal que permite que las huellas digitales de personas arrestadas por la policía pasen a manos de Inmigración, quien posteriormente puede pedir la detención de una persona.
Si bien ICE ha explicado que el programa fue diseñado para crear comunidades más seguras, deportando a inmigrantes indocumentados que hayan cometido crímenes violentos, se ha demostrado que muchos han sido deportados sin un juicio o por crímenes menores.
"Le pedimos al gobernador que busque la forma de que se anule esta ley porque nos perjudica a todos: divide a familia, criminaliza a personas Estamos de acuerdo con que deporten gente, pero no porque se subió en la bicicleta en la acera o algo menor", dijo Danilo González, de NYCCP y Se Hace Camino Nueva York.
Luego de que le gobernador de Illinois cancelara el acuerdo con ICE en Chicago, el gobernador Cuomo ha recibido cartas de firmadas por 80 organizaciones comunitarias, 130 líderes religiosos, 40 funcionarios públicos y los congresistas Nydia Velázquez y José Serrano.
"Estamos reuniéndonos con abogados y organizaciones de inmigrantes mientras revisamos el programa", dijo ayer el vocero del gobernador Richard Bamberger.
Partiendo en enero, 27 de 82 jurisdicciones en el Estado ya han activado el programa, pero en Nueva York todavía no comienza.
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