Nueva York — En noviembre, la mexicana María Lozano acudió a una cita con una trabajadora social en el instituto de Brooklyn en el que estudia su hija. Una vez allí, sin embargo, su falta de conocimiento de inglés le jugó una mala pasada.

La guarda de seguridad del instituto le impidió la entrada, a pesar de sus esfuerzos por explicar que su hija estudiaba allí y mostrar su tarjeta de Medicaid, que tenía su foto y la dirección de su apartamento.

“Cuando regresé a casa, me puse a llorar”, afirmó ayer Lozano, una madre de cuatro hijos que ayer se manifestó junto a docenas de inmigrantes en favor de una ley que ampliaría los servicios de traducción en las escuelas públicas.

La ley, que requiriría la traducción de cartillas de evaluación y otros documentos escolares a ocho idiomas, se encuentra actualmente en el limbo.

La ley, denominada el Acta de Igualdad Educativa, fue aprobada por el Concejo Municipal el pasado 21 de diciembre, pero el alcalde, que se opone a la misma, dispone de 30 días tras su aprobación para vetarla. Una portavoz de la Alcaldía, Silvia Alvarez, anunció ayer que su intención es hacerlo.

La administración argumenta que la ley estatal indica que sólo Albany o el Departamento de Educación puede aprobar estas medidas así como que los servicios que reclaman los inmigrantes ya son ofrecidos.

El que el alcalde no vetara la legislación en diciembre tiene que ver con el hecho de que siete de los concejales que votaron en favor de la misma dejaron el Concejo Municipal el mes pasado, tras las elecciones de noviembre.

Si el alcalde veta la legislación, serían necesarios 34 votos para anular el veto, y queda por ver qué posición tomarán los ocho nuevos concejales que juraron cargo recientemente. La legislación fue aprobada con 35 votos a favor y 11 en contra.

Por el momento, las dos nuevas concejalas puertorriqueñas, Rosie Méndez y Melissa Mark-Viverito, anunciaron ayer que están a favor de la legislación. Hiram Monserrate, el concejal de Queens que impulsó la legislación, afirmó ayer que espera contar “con los votos necesarios para anular el veto”.

Los padres inmigrantes y grupos activistas consideran que la traducción de documentos escolares a ocho idiomas (español, chino, ruso, bengalí, creole, koreano, urdu y árabe), es fundamental para abrir las puertas de las escuelas a los padres.

Sus críticos, como el concejal republicano James Oddo, han señalado el alto coste que tendrá la misma, $20 millones.

El Departamento de Educación creó recientemente una unidad de traducción para las escuelas y destinó $10 millones para pagar a sus traductores e intérpretes.

La nueva ley especificaría qué documentos y reuniones escolares requieren estos servicios.