Una gran protesta tuvo lugar en las afueras de la Legislatura del Condado de Suffolk, en contra de la decisión del Ejecutivo del Condado, Steve Levy, de reintroducir un proyecto de ley que exige a todos los contratistas que verifiquen el estatus migratorio de sus trabajadores. La protesta tuvo lugar el martes 7 de junio pasado. Varias organizaciones latinas, defensoras de los derechos de los inmigrantes, llegaron hasta la sede del legislativo para rechazar esta antigua propuesta que, según expresaron, está orientada en contra de la comunidad hispana.

Luis Valenzuela, presidente de la Alianza Inmigrante de Long Island, dijo a LTH que es un intento desesperado de Levy por cambiarle la cara de corrupción que envuelve a su gestión, ante su próximo término como ejecutivo del condado.

“Levy quiere revivir algo que se cayó por su propio peso en el 2008, año en que una víctima del odio, Marcelo Lucero, murió asesinado. En esa oportunidad la propuesta fue retirada ante el clima nada propicio y ahora lo quiere revivir en un intento vano de lavarle la cara al ejecutivo, quien ha tenido una gestión activa en contra de la comunidad inmigrante”, señaló.

Patrick Young de CARECEN, en Hempstead, coincidió que esta iniciativa no trae nada bueno a los trabajadores de Suffolk, ya que “todos saben que Levy se caracteriza por no querer a la comunidad inmigrante, a quien siempre ha golpeado con propuesta similares”, dijo.

Omar Henríquez, conocido y experimentado líder comunitario, presente también en la protesta, señaló que esta vez le va a ser difícil a Levy salirse con la suya. “Creo que nuestras organizaciones están mejor organizadas y sabremos enfrentar este tipo de propuestas, que solo traen incertidumbre y miedo a nuestra comunidad”.

“Creo que ahora tenemos más gente participando en este tipo de acciones como protestas, audiencias públicas; así como las llamadas que hay que hacer a los políticos cuando algo no está bien. Un ejemplo ya se dio recientemente con el programa de Comunidades Seguras y mucha gente llamó al gobernador para que no lo apruebe y eso fue lo que sucedió, la gente tiene que tomar contacto con sus organizaciones y saber que está pasando”.

Carlos Ramos, de la organización Make the Road, dijo que es tiempo que la comunidad tome mejor conciencia de su rol como parte activa en las decisiones políticas que le van a afectar. “Estamos en una gran actividad para promover que los residentes se hagan ciudadanos y los ciudadanos se registren para poder votar, sólo así haremos sentir nuestra voz y lo que significa nuestra presencia ante injusticias como la que se pretende introducir (Levy) o la propuesta de los celulares pre pagados, que van a perjudicar no solo a las mujeres víctimas de violencia doméstica e indocumentados sino a quienes no tienen mucho dinero para pagar un contrato largo”.

Críticos de la gestión de Levy han señalado que, en momentos que el condado de Suffolk se debate en una crisis económica sin precedentes, en que hay grandes problemas con los impuestos a las propiedades, centros de salud cerrándose, no es nada urgente volver con dichas propuestas anti-inmigrantes, más aun sabiendo que el condado tiene listo y aprobado un Programa Piloto de E-Verify a ponerse en funcionamiento en dieciocho meses.

“No tiene ningún sentido la propuesta de Levy, ya que el programa mencionado se basa primero en el estudio de los resultados para analizar su eficacia a fin de considerar su puesta en marcha oficialmente, después claro de ser aprobado por la Legislatura”, dijeron los oponentes.

En la legislatura también se llevó a cabo la primera audiencia pública para el proyecto de reverdecer el E-Verify para contratistas y la segunda sobre los teléfonos móviles pre-pagados. Luego pasará a un comité para su estudio y de allí pasará a votación en el pleno de la Legislatura.

Los celulares pre-pagados

En la cita de protesta también estaba Martha Maffei, directora de proyectos de SEPA Mujer, quien dijo que el pasado jueves fue la audiencia pública acerca de la Ley I.R 1266, donde su organización llevó a tres sobrevivientes de violencia doméstica para que den su testimonio de cómo ellas habían utilizado un teléfono pre-pagado para salvar sus vidas y la de sus hijos.

“Con lagrimas en los ojos y voz quebrantas, ellas pidieron que sean escuchadas y reconsideren este proyecto de ley que afectará a la mujer que sufre violencia doméstica, ya que en miles de casos representa la única herramienta para pedir ayuda”, dijeron ellas, según Maffei.

Sin embargo, sus testimonios fueron ignorados por los legisladores que aprobaron el pasó de la medida al Comité de Seguridad, por cuatro votos a favor y dos en contra. Maffei recalcó que la propuesta no sólo afectará a la mujer inmigrante sobreviviente de violencia doméstica, sino también a cualquier inmigrante que no tenga dos documentos de identidad para poder comprar un teléfono pre-pago y, por ende, también a los negocios que venden estos productos.

“También afectara a la clase pobre que no tiene dinero para adquirir un teléfono con un contrato por dos años. A los residentes o ciudadanos que compran un teléfono pre-pagado, según la medida, se les tomará sus identificaciones e información personal en las tiendas o comercios que venden teléfonos pre-pagados, y serán registradas ante el condado. Esto es poner en riesgo su identificación ya que puede ser robada y vendidas a otras personas”, dijo Maffei, muy preocupada.

Maffei aseguró haber escuchado que similar propuesta se estaría preparando en el Condado de Nassau, ya que cuando se le retruco que para evadir esta regla los consumidores podrían ir al condado de Nassau a comprarlo, la patrocinadora contesto que similar proyecto se venía trabajando en ese condado a nivel del legislativo, señaló Maffei.

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