Con el respaldo del alcalde Michael Bloomberg, y de 38 concejales, el proyecto de ley Intro 656 -que limitaría la actual colaboración que mantienen la cárcel municipal de Rikers Island y el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE)- será sometido hoy a audiencias públicas en el Concejo Municipal con miras a ser aprobado antes del cierre del año.

El anuncio fue hecho ayer por la presidente del Concejo, Christine Quinn, frente a la iglesia de la Ascensión de Manhattan, en compañía de varios políticos, entre ellos el congresista de Illinois Luis Gutiérrez [y miembros de Se Hace Camino Nueva York].

“En estos momentos ICE está en Rikers Island, no porque la agencia federal lo pidió sino porque la Ciudad la invitó a estar ahí”, dijo Quinn. “Por ello, cuando una persona nacida en el extranjero es encarcelada acusada de cometer algún crimen, aunque esta persona pruebe su inocencia en la corte, en lugar de ser dejada libre el Departamento de Correcciones, DOC, la transfiere a ICE y es deportada. Necesitamos detener deportaciones innecesarias y excesivas de personas que no tienen antecedentes criminales”, señaló Quinn.

Marc LaVorgna, portavoz de la Alcaldía, dijo que Bloomberg, cuya apoyo es necesario para aprobar la propuesta, nunca se opuso al proyecto de ley.

El DOC actualmente participa en un programa de ICE llamado “Criminal Alien Program” (CAP), cuyo propósito es identificar a los criminales no ciudadanos que se encuentran en las cárceles federales, estatales y municipales y ponerles en proceso de deportación antes de que se acaben sus sentencias.

El problema, según los defensores del proyecto de ley, es que el CAP no está cumpliendo su cometido. En 2009 el 50% de los presos de la ciudad que fueron reportados a ICE, no contaban con condenas previas.

La concejal Melissa Mark-Viverito dijo que la pieza legislativa hará que los agentes del orden puedan continuar manteniendo “nuestros vecindarios seguros sin amenazar su relación con las comunidades inmigrantes o separar familias innecesariamente”.

Los agentes de ICE han estado presentes al menos durante veinte años en Rikers. Se estima que la colaboración le cuesta unos $50 millones a la ciudad cada año.

Necesitamos detener deportaciones innecesarias y excesivas de personas que no tienen antecedentes criminales’.- C. Quinn

Para ver el articulo original, por favor haz clic aqui.