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Source: El Diario
Subject: Immigration
Type: Media Coverage

Nueva legislación acabaría con deportaciones innecesarias

Para las familias de todo el país, la reforma federal migratoria no da espera. Sin embargo, para la ciudad de Nueva York parece que la ayuda está próxima a llegar. Por iniciativa de la portavoz del Concejo Chirstine Quinn y la concejal  Melissa Mark-Viverito, se está considerando una legislación que ayudará a proteger a los neoyorquinos de las deportaciones innecesarias que devastan a  comunidades inmigrantes.

Esta no es la primera vez que el Concejo actúa para proteger a nuestras comunidades inmigrantes. En 2011, el Concejo aprobó una ley que prohíbe que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) use el Departamento de Correccionales de la ciudad (DOC) para retener personas que no sean criminales y deportarlas. Como resultado, en solo los primeros seis meses después de entrar en vigencia, el DOC permitió que 267 personas regresaran con sus familias en lugar de someterlas al duro sistema de inmigración de nuestra nación.

No obstante, estas cifras no dan una cuenta detallada del impacto completo de esta ley, pues, según parece, ICE ha dejado de expedir órdenes de arresto contra muchos inmigrantes, ya que saben que el Estado de Nueva York no va a detenerlos. Por lo tanto, esta ley ha logrado que se deporten 1,500 neoyorquinos menos cada año. Esto representa anualmente un ahorro de más de $5 millones para los contribuyentes.

Como director ejecutivo de Se Hace Camino Nueva York, una organización con más de diez mil miembros provenientes de más de 25 países, todos los días veo las difíciles consecuencias de las deportaciones, que son evidentes y costosas en muchos sentidos. Imagine el dolor que podría haberse evitado si las medidas aprobadas por el Concejo en 2011 se hubieran adoptado entre 2005 y 2010, tiempo durante el cual más de 7,000 niños ciudadanos norteamericanos en la Ciudad  perdieron a alguno de sus padres a causa de la deportación. Además, cuando las familias pierden a quienes les proveen el sustento, sus esposos e hijos se hacen dependientes de los programas de las redes de seguridad social del gobierno; lo que implica, una vez más, que Nueva York tiene que asumir la responsabilidad y pagar la cuenta.

Pero hoy en día, nuestras comunidades están afrontando una nueva amenaza. Desde 2012 ICE se está aprovechando del sistema de justicia penal de la ciudad en la etapa del arresto, en un intento por arrastrar al Departamento de Policía de la ciudad  (NYPD) al juego de las deportaciones. Ello representa que muchas personas arrestadas por la policía, corran el riesgo de ser deportadas, incluso cuando son declaradas inocentes o los cargos contra ellas terminan siendo descartados.

Esa situación conlleva a que muchos inmigrantes sientan temor ante la policía y eviten cooperar con ella como testigos o víctimas de algún crimen. Para una ciudad en la que el 37% de su población ha nacido en el extranjero, esto representa un golpe inaceptable contra la seguridad pública.

La portavoz Quinn ha propuesto una nueva legislación para reducir el impacto negativo de la más reciente intromisión de ICE en el sistema de justicia criminal de nuestra ciudad. La legislación que está siendo considerada actualmente podría extender las medidas protectoras de la ley de 2011, para que sus disposiciones sean aplicables tanto al NYPD como al DOC, y podría asimismo ampliar la protección de la ley vigente al evitar que se considere la deportación de personas que enfrenten cargos criminales menores que no puedan ser demostrados. Se trata de un ejemplo oportuno del liderazgo tradicional de la ciudad en crear respuestas bien pensadas y efectivas para contrarrestar las medidas federales de migración.

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