NUEVA YORK (AP) — El alcalde de la ciudad de Nueva York firmó el martes una ley [campaña por Se Hace el Camino NY] que limitará la cooperación entre el municipio y el gobierno para evitar la deportación de inmigrantes sin papeles que son arrestados pero después declarados inocentes.

La ley — que fue descrita como “histórica” por los activistas e inmigrantes que la apoyan — evitará que el Departamento de Prisiones de la ciudad entregue a una agencia federal de inmigración los nombres de presos extranjeros que llegan a la cárcel de Rikers Island y no tienen autorización para residir en Estados Unidos.

“Nuestra ciudad es una ciudad de inmigrantes. Queremos asegurar que tengan oportunidades aquí”, dijo el alcalde Michael Bloomberg antes de firmar la legislación en una abarrotada sala de la alcaldía. “Creo que esta medida protege la seguridad pública y asegura que inmigrantes que son inocentes y no tienen un récord criminal queden fuera de custodia”.

Los inmigrantes sin papeles que se beneficiarán de la iniciativa son los que son arrestados por otras causas, llevados a Rikers Island, pero que después ven sus casos desestimados, son declarados inocentes o son sólo acusados de delitos menores.

El Departamento de Prisiones identificó a más de 13.000 presos extranjeros en 2010. De éstos, la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) clasificó a casi 3.200 para ser deportados, según datos municipales.

Casi un 50% de los presos de la ciudad que en 2009 fueron entregados a ICE no contaban con condenas previas. Un 20,9% había cometido un delito menor.

Gamaliel López, un mexicano de 26 años que pasó 20 meses en Rikers Island por un crimen que no cometió, aplaudió la firma de Bloomberg.

“Estoy realmente feliz porque esto dará oportunidades a muchos inmigrantes”, dijo el inmigrante, claramente emocionado. “Perdí 20 meses de mi vida. Fue una pesadilla y no quiero volver a vivirla”.

López fue arrestado el 6 de agosto del 2009 por asalto. Este año su abogado logró demostrar tras un juicio de 10 días que López no asaltó a nadie sino que fue víctima de un ataque homofóbico de varios hombres en el condado de Brooklyn. El mexicano, que es homosexual, fue declarado inocente. Aún así, fue entregado a ICE y en la actualidad está batallando una orden de deportación.

Hasta ahora, los funcionarios de Rikers Island pueden retener 48 horas adicionales a inmigrantes a partir de su fecha de liberación para entregarlos a las autoridades migratorias. La nueva ley prohibirá a la cárcel retener durante ese período a inmigrantes que no tengan un historial criminal, órdenes de arresto pendientes, no registren órdenes de deportación previas y no estén en la lista de terroristas más buscados.

Estos presos, aunque no tengan autorización legal para residir en el país, serían dejados en libertad.

Ross Feinstein, portavoz de ICE, dijo a Associated Press el martes que las agencias que colaboran con ICE ayudan a proteger la seguridad pública.

“ICE identifica a extranjeros con cargos criminales para asegurar que criminales peligrosos no son liberados de cárceles y prisiones y enviados de nuevo a nuestras comunidades”, dijo el vocero a través de un mensaje de correo electrónico. “Incluso aunque algunos inmigrantes sean detenidos por delitos menores, podrían contar con historiales criminales serios que desconocemos en Estados Unidos y ocultar así su verdadero peligro a nuestra sociedad”.

Feinstein dijo recientemente que el gobierno federal cuenta con recursos limitados para deportar a inmigrantes que no han regularizado su situación ante las autoridades. Es por eso, que la identificación y el procesamiento de presos inmigrantes previamente a su liberación de la cárcel reduce el coste total y trabajo del gobierno, ya que minimiza el tiempo que éstos pasan detenidos por ICE.

Varias personas hablaron durante la audiencia del martes en el ayuntamiento en contra de la legislación, asegurando que generará más inseguridad.

“Aprobando esta ley no estamos poniendo en peligro la seguridad de este país”, respondió el alcalde. “La gran mayoría de los que están aquí ilegalmente pagan sus impuestos. Está demostrado que contribuyen a la economía de la ciudad. Lo que hemos de encontrar es una solución a la situación de los indocumentados del país. No vamos a deportar a 11 millones de personas”.

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