Concejales de la ciudad de Nueva York presentaron una propuesta de ley para frenar la deportación de personas detenidas que no tienen ningún historial criminal y que pone límites al intercambio de información entre el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y el departamento correccional de la ciudad.
"Los que está pasando ahora es que los agentes de inmigración que están basados en la prisión de Rikers -el centro penitenciario de Nueva York- tienen acceso a toda la información de las personas que están detenidas", explicó el miércoles en rueda de prensa la concejal Melissa Mark-Viverito, una de las impulsoras del proyecto de ley junto con la portavoz del Ayuntamiento, Christine Quinn.
"Con este proyecto de ley estamos tratando de limitar esa cooperación entre el servicio de inmigración y el departamento correccional porque la mayoría de estas personas detenidas no tienen un historial criminal ni están acusadas de crímenes", afirmó Mark-Viverito.
"No vamos a colaborar con un sistema migratorio que está roto y está destruyendo familias", agregó.
Según los impulsores del proyecto de ley [incluyendo Se Hace Camino Nueva York], entre 3.000 y 4.000 neoyorquinos son deportados como resultado de la colaboración voluntaria entre el departamento correccional y el servicio de inmigración.
"Ahora tenemos los votos necesarios para aprobar esta ley. En el caso que el alcalde (Michael Bloomberg) fuese a vetar la propuesta, tenemos los suficientes votos para tumbar el veto", comentó Mark-Viverito, que podrían pasar varios meses hasta que la ley pueda ser una realidad.
La misiva contra el programa Comunidades Seguras está firmada por 34 representantes del estado de Nueva York y concejales de la ciudad, entre ellos Mark-Viverito, Quinn y el senador del estado de Nueva York Gustavo Rivera.
Los firmantes expresaron su preocupación por el anuncio hecho por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) por el cual ICE no require llegar a acuerdo con los estados o las autoridades locales para poder aplicar el polémico programa.
Comunidades Seguras fue creado en 2008 y permite identificar a los extranjeros que residen en Estados Unidos sin autorización a través del intercambio de información entre policía y autoridades migratorias.
"En la carta pedimos que se acabe este programa porque las comunidades se sienten menos seguras, ya que hay gente indocumentada que no quiere poner denuncias de violencia doméstica o de crímenes porque tiene miedo a que se le mire su estatus migratorio", dijo Rivera.
Los firmantes de la carta denuncian que el programa Comunidades Seguras "contribuyó" a la deportación de "más de un millón de personas" durante la administración del presidente Barack Obama.
Hasta ahora, los estados de Nueva York, Illinois y Massachusetts se habían opuesto a implementar el programa argumentando que minaba la seguridad de las comunidades.
Según datos del ICE, entre octubre de 2008 y el 31 de mayo de 2011, se deportaron a través de las Comunidades Seguras a 115.396 personas, 82.465 de ellas por cometer un acto criminal (desde asesinato a delitos menores), lo que supone el 72% del total.
El 28% restante fue deportada por violaciones de tipo migratorio como el haber entrado en el país luego de haber sido deportado o por cometer infracciones con el visado, según el ICE.
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