Observando los incidentes de brutalidad policial durante el último año, he recordado mis propias interacciones con la policía y las de jóvenes como Keeshan Harley. A la edad de 20, Keeshan, residente de Bushwick, ha sido perfilado por la policía de Nueva York y parado más de 100 veces por las políticas de paro y resquisa y otras políticas discriminatorias como “ventanas rotas”. Keeshan dijo una vez que la peor parte de experimentar estas prácticas policiales es “estar expuesto así delante de toda mi comunidad. Cuando los miembros mayores de mi comunidad me miran por la ventana sin entender por qué me pararon, no puedo dejar de pensar que estoy siendo juzgado en sus ojos, también”.

Tampoco puedo dejar de pensar en lo afortunado que es Keeshan, a pesar de su frustración totalmente entendible, por sobrevivir esas injusticias. Akai Gurley, Eric Garner, Mike Brown, Tamir Rice, Jessie Hernández, Walter Scott, Freddie Gray, y muchos otros no fueron tan afortunados.

Ahora, por fin después de una historia larga de estos abusos en nuestras comunidades, el debate nacional ha surgido en torno a qué o quién es el culpable. Una cosa está clara: la falta sistémica de la rendición de cuentas oportuna y significativa y la transparencia básica son raíces importantes de nuestros problemas policiales.
El año pasado, el Presidente Obama estableció la Comisión Presidencial sobre la Policía en el Siglo 21, que incluyó jefes de policía, expertos policiales y otros representantes comunitarios, incluyéndome a mí. Después de una serie nacional de audiencias, la Comisión emitió un informe final con recomendaciones claras. El siguiente paso crítico es que oficiales locales y estatales electos de todo el país demuestren liderazgo tras adoptar reformas sustanciales.

En Nueva York, los miembros del Concejo Municipal Antonio Reynoso y Ritchie Torres han introducido, y muchos otros concejales han patrocinado, un paquete legislativo llamado el Acta del “Derecho a Saber”. Refleja las recomendaciones de la Comisión Presidencial tras requerir que los policías 1) se identifiquen y expliquen su razón para someter a una persona a la actividad policial y 2) expliquen el derecho constitucional de rechazar una búsqueda cuando no existe base legal para ello salvo consentimiento, y asegurar la prueba de consentimiento cuando una persona está de acuerdo.

Estos son requisitos básicos y de sentido común que pueden ayudar a cambiar la forma en que nuestras comunidades sean tratadas por la policía. Estas reformas permitirían disponer de la transparencia y el entendimiento mutuo de los derechos básicos y evitar conflictos innecesarias entre la comunidad y la policía.

El sistema de vigilancia actual nos está fallando. Tenemos que arreglarlo tras pasar el Acta de “Derecho a Saber” este año.

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