La coalición de organizaciones para la redistribución de distritos electorales en el Condado de Nassau entregó ayer a los legisladores sus recomendaciones sobre este proceso, que cada 10 años reconfigura los límites distritales basándose en los cambios de población recogidos en el censo.
La Coalición, de la que forman parte entre otras organizaciones La Fuente, Make the Road, New York Civil Liberties Union, Mesa Cívica de Long Island y Latino Justice-PRLDEF, quiere presionar para que los partidos no tengan la última palabra en el proceso cuando vuelva a realizarse en el 2020.
“Tenemos un proceso dominado por la mayoría, actualmente republicana pero antes demócrata, que no deciden de forma bipartidista”, indicó Benjamin Van Dyne organizador de la Coalición. “Queremos presionar sobre cómo se debe hacer la redistribución y que todo el mundo sepa cómo hay que hacerlo bien”.
El informe fue entregado en el primer día de la Legislatura y busca la reforma de la Carta Magna del Condado que rige este proceso.
La última redistribución, que debía haberse realizado en 2011, no tuvo lugar hasta el 2013 porque hubo que recurrir a los tribunales.
El informe de la Coalición recomienda los siguientes cambios:
—Creación de una Comisión con un número impar de comisionados para evitar estancamiento en la votación: tres demócratas, tres republicanos y tres votantes registrados no afiliados a ningún partido.
—Que los comisionados sean elegidos por un sistema de lotería entre aquellos que apliquen a la convocatoria, que sería hecha por el ejecutivo del condado.
—Que la Comisión recomiende un solo mapa a la Legislatura para evitar que los legisladores, ante una difícil decisión, se sientan políticamente presionados y elijan un mapa que puede tener intereses políticos a corto plazo.
—El mapa debe elaborarse asegurando igual representación a los votantes y que no se diluya el poder de las minorías.
—El personal que trabaje para la Comisión no debe ser partidista, y ser contratado por la propia Comisión una vez formada.
—Se deben establecer fechas concretas del proceso, desde las audiencias públicas a la fecha final de entrega y suficientes fondos para financiar la Comisión por adelantado.
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