En la ciudad de East Haven, estado de Connecticut los residentes hispanos están nerviosos y temerosos por posibles represalias luego de que cuatro policías fueron arrestados por agentes del el Buró Federal de Investigaciones (FBI) bajo cargos de abuso sistemático de la población latina y falsificar informes para encubrir sus actos.

“Queremos que regrese la normalidad, que no haya represalias y que las relaciones entre la comunidad hispana y la Policía sean armónicas”, dijo el hondureño Freddy Céspedes.

Céspedes dijo haber sido detenido y vejado verbalmente en unas tres oportunidades por violaciones de tráfico que dijo, “estaba seguro” no cometió. “Honestamente, quiero irme de la ciudad. Vine a trabajar pero ahora siento temor”, dijo Céspedes

Vinueza, al igual que los ecuatorianos Luis Rodríguez y Wilfrido Matute, la salvadoreña Carol Torres, la puertorriqueña Vianca Marín y su esposo, el ecuatoriano Edgar Marín, dieron a AOL Latinos sus testimonios sobre el “calvario” al que estaban siendo sometidos en los últimos años por los policías de East Haven.

Luis Rodríguez, propietario de la tienda “Los Amigos”, uno de los negocios que fueron reiteradamente hostigados por los policías, hizo notar que en todos los casos, siempre aparece el policía Dennis Spaulding y que los denunciantes, son feligreses de la iglesia Santa Rosa de Lima de East Haven.

“En 2009 Spaulding arrestó al reverendo James Manship de la iglesia Santa Rosa de Lima porque grababa el momento que los policías requisaban sin motivo mi tienda”.

Narra Rodríguez que al reverendo Manship conocía del hostigamiento que sufrían continuamente los feligreses por parte de los policías.

“Cuando llegaron, llamé al padre quien llegó de inmediato y empezó a grabar. Lo golpearon y fue arrestado”, según Rodríguez.

“La comunidad está atemorizada, no quiere hablar, siente miedo después de todo esto”, dijo Wilfrido Matute. Matute, dueño de la tienda de comestibles “Mi País” agregó que fue hostigado varias veces. “Ahora las ventas han bajado, la gente no sale de trabajar y evita las calles”.

Ahora se sabe que el padre Manship comenzó a investigar las acusaciones de sus feligreses de acoso y abuso por parte de la policía, dando lugar a una demanda colectiva en contra de East Haven iniciada por una organización de defensa de los derechos de los inmigrantes y la escuela de leyes de Yale University, lo que posteriormente generó que el Departamento de Justicia dispusiera la investigación.

New Haven es el condado de Connecticut que limita en el noreste con Nueva York, donde la comunidad hispana, según cifras del Censo 2010 alcanza el 15 por ciento; dentro de esa jurisdicción está el suburbio de East Haven, ahora centro de atención nacional después que saliera a la luz, el sistemático patrón de abusos de autoridad de los policías contra los hispanos.

Agentes del FBI arrestaron a los policías Dennis Spaulding, David Cari y Jason Zullo y el sargento John Miller, líder del sindicato de la Policía, en el marco de una investigación federal dispuesta por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El Departamento de Justicia encontró que la policía de East Haven había incurrido en una práctica de requisas inconstitucionales y uso excesivo de la fuerza”, presentado en la acusación una imagen terrible de injusticia arbitrariedad contra de los residentes hispanos.

Vianca Marín por ejemplo narra cómo de víctima de un accidente pasó a ser acusada debido al falso reporte emitido por el policía Dennis Spaulding.

El vehículo de Marín fue embestido desde atrás por otro mientras estaba detenida en una intercepción, en atención al signo de pare. No obstante, según Marín, Spaulding invirtió en su reporte el orden y puso su vehículo, como causante del accidente.

De acuerdo a a Vianca Marín, el hecho ocurrió a pocos metros de su casa, y mientras ella era conducida al hospital, su esposo Edgar Marín llegó al sitio del accidente y al advertir la alteración en el reporte, reclamó al policía Spaulding quien le emprendió a golpes y lanzó al suelo, donde continuó pateándole y le pisó el rostro.

Edgar estuvo en prisión y fue procesado por la serie de cargos que le imputó falsamente el policía Spaulding, dijo a AOL Latino.

Carol Torres contó el caso de su esposo Sergio Brizuela, de nacionalidad argentina y quien está bajo arresto desde el mes de noviembre.

Nuevamente el policía Spaulding entre en escena. Según Torres su esposo fue arrestado por supuestamente tomar parte de una pelea. Brizuela lo que hizo fue mediar en una discusión entre una pareja, al defender a la chica y por buen samaritano llevó la peor parte.

Torres dijo que el policía Spaulding deliberadamente hizo un falso informe, “le puso una serie de cargos y agravar las cosas, pasó el caso a inmigración pidiendo su deportación por estar indocumentado”.

Torres espera que su esposo pueda salir en libertad para poder buscar otra ciudad donde vivir junto a su hijo Lucas, de cuatro meses de edad.

“Spaulding actuaba con premeditación, esperaba a los hispanos a la salida de los supermercados y los restaurantes. Les pedía documentos y cuando se los mostraban, decía que eran falsos y que cuánto pagaron por ellos”, dijo la hondureña Mercedes Ledesma.

Los testimonios reunidos coinciden que el policía Spaulding era la cabeza más visible del grupo de policías abusadores, el resto de los agentes repetían el mismo patrón de insultos e intimidación contra los inmigrantes.

El activista pro derechos civiles Daniel Altschuler [de Se Hace Camino Nueva York] dijo que lo acontecido en East Haven es muy preocupante, porque muestra el peligro en el cual vive la comunidad latina y observó que, “el liderazgo local es imprescindible para enfrentar tal situación”.

Altschuler siguió de cerca la investigación que el Departamento de Justicia de Estados Unidos llevó adelante con la Policía de Suffolk, Long Island tras una serie de ataques racistas contra inmigrantes hispanos en los últimos años.

Tras la muerte del inmigrante ecuatoriano Marcelo Lucero a manos de una pandilla, el Departamento de Justicia hizo una investigación en la que concluyó que la Policía de Suffolk falló en la pesquisa de los ataques de odio racial.

“Por varios años en Long Island, los latinos fueron víctimas de una ola de crímenes de odio y la negligencia de las autoridades ante esta violencia abominable. Ahora, en East Haven, parece que hay un patrón similar, donde las autoridades abusan de la comunidad latina y luego niegan tomar responsabilidad por lo que está sucediendo”, aseveró Altschuler.

La organización Alianza Ecuatoriana Internacional emitió un comunicado en el que piden que, tanto los policías como los encubridores, sean procesados por odio racial.

Además han solicitado observar al alcalde de East Haven Joseph Maturo y además, la renuncia de Leonard Gallo, el jefe de la Policía quienes en declaraciones posteriores arresto de los policías, desconocen los términos de la investigación federal y más bien, han alentado el sentimiento anti inmigrante, según el comunicado.

“Todavía estoy muy sorprendido por las acusaciones presentadas contra los policías, pero sin embargo son inocentes hasta que se demuestre lo contrario”, dijo Maturo.

Walter Sinche, vocero de la organización declaró que están coordinando una reunión entre las autoridades de la ciudad y representantes de las comunidades hispana de East Haven para trabajar en una agenda común en beneficio de traer paz y tolerancia y progreso en la ciudad.

“Queremos que los cargos hechos a través de los falsos reportes policiales sean desechados y que las víctimas sean reivindicadas. Vamos a estar pendientes del proceso a los policías como una forma de traer paz y justicia a nuestras comunidades de una manera pacífica y no violenta”, concluyó Sinche.

El cierre de la semana, a los policías se les permitió salir en libertad bajo fianza, mientras tanto no se oficializó la fecha en que deberán comparecer. Cada uno fue acusado de conspiración contra los derechos civiles de los ciudadanos, lo que conlleva una sentencia máxima de 10 años. Los policías Dennis Spaulding y David Cari fueron acusados de un cargo más grave, obstrucción, lo que conlleva una pena máxima de 20 años.

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