La demanda federal en contra de la ley 1070 de Arizona, que por primera vez en Estados Unidos pone en condición de criminales a todos los inmigrantes sin papeles, acaba de levantarse como la valla más alta a una normativa firmada a principios de julio.

Sus efectos, dependiendo de cómo se juzgue en la Corte de Phoenix, irán más allá de solamente determinar si la ley es o no inconstitucional e incluso rebasarían al 29 de julio, fecha establecida para que la ley que legaliza la persecución de los inmigrantes sin papeles entre en vigencia.

Los costos políticos y económicos están puestos sobre la mesa del debate. Los políticos se verán en las elecciones de noviembre y los de presupuesto podrían afectar las arcas del estado de Arizona. En días pasados se reportó que las donaciones para defenderse en contra de las demandas logró apenas USD 20 000, pero el costo podría superar millones.

La fecha para una primera audiencia es el 15 de julio y para el resto de demandas, incluida la federal y la de la Unión Americana de Libertades Civiles (Aclu), está determinada para el 22 de julio.

“Pero no será ese día cuando la jueza Susan Bolton dirá que la ley es inconstitucional o no. Solo será el comienzo de un proceso judicial que puede tardar años”, dijo Javier Valdés, de la organización Make the Road New York.

“Lo importante es que mientras la 1070 se pelea en la Corte, no puede ser aplicada y eso nos da un respiro para seguir argumentando en contra de la misma, así nos dice la experiencia en otros casos judiciales sobre la defensa de los derechos humanos y las libertades civiles”, aseguró Valdés.

¿Cuándo dirá la jueza que la ley contra los inmigrantes sin papeles en Arizona es legal o ilegal?, “nadie sabe, este solo es el comienzo, lo más probable es que vuelva a llamar a otra audiencia para finales de noviembre o incluso a fines de diciembre”.

Aunque según The Arizona Republic, el diario más importante de ese estado, existe también la posibilidad de que falle inmediatamente después de cada audiencia o espere decidir después de escuchar los argumentos de todas las demandas. Bolton, una jueza federal en Phoenix, fue escogida para llenar esa vacante en la Corte por el ex presidente Bill Clinton en el 2000. Es ella quien tendrá a cargo las cinco demandas contra la ley de Arizona.

Ante la avalancha de grupos que quieren sumarse a la querella, sin ser demandantes o demandados, sino en calidad de amigos o terceros, la jueza acaba de imponer límites a los sumarios que pueden ser remitidos por terceras partes. Según ella, “la abundancia de información puede poner en peligro la habilidad de la Corte de proceder”.

El primero que interpuso una demanda es el abogado Stephen Montoya. Según él, la querella de la Casa Blanca no cambiará sus argumentos legales y personales en contra de la ley, pero sí los fortalecerá. “Todas las demandas argumentan que la ley 1070 viola la ley federal y lo mismo dice la demanda del Gobierno, lo cual es mucho más persuasivo”.

Andrew Thomas, quien está de candidato a fiscal de Arizona y además ayudó a escribir otras normativas legales sobre inmigración, cree que la ley 1070 es constitucional. Ese será el argumento central que se ventilará en la Corte. En los seis años pasados, los electores y los legisladores de Arizona han aprobado una serie de medidas en contra de la inmigración indocumentada, entre ellas presentar un documento oficial el día de las votaciones.

Si la demanda federal prevalecerá o no solo se sabrá con el tiempo, pero por ahora el mensaje está enviado y este, según Valdés, es: “poner a pensar a otros estados que si insisten en pasar leyes como la de Arizona se pueden meter en líos con el Gobierno”.

La cronología

23 de abril del 2010

La gobernadora del estado de Arizona, la republicana Jan Brewer, firma la ley antiinmigrante que por primera vez convierte en delito el no tener papeles.

1 de mayo del 2010

La medida despertó una oleada de protestas, desde el presidente Barack Obama, que pidió a su Procurador General que examine su constitucionalidad.

3 de mayo del 2010

El temor se apodera de miles de inmigrantes en Arizona por el peligro de ser detenidos y deportados. Unos 460 000 indocumentados viven en ese estado.

22 de junio del 2010

México solicitó a una Corte federal de Estados Unidos que declare inconstitucional la ley migratoria de Arizona (sur) e impida su entrada en vigor.

1 de julio del 2010

El presidente Obama pidió “valentía política” al Congreso para aprobar la reforma migratoria integral. El martes 6, Obama demanda a la ley de Arizona.