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Source: El Diario
Subject: Workplace Justice
Type: Media Coverage

NYC estudia endurecer las medidas contra el robo de salario

El pasado 5 de abril la oficina del Fiscal del Distrito de Manhattan, Cyrus R. Vance Jr. anunció la declaración de culpabilidad de una empresa constructora, City Metro Corp, y sus dueños por robar una cantidad que se estima en $95,000 a dos docenas de empleados.

Casos como estos no son infrecuentes en Nueva York, sobre todo en la construcción, un sector en el que suelen ir de la mano de violaciones de normas de seguridad en el trabajo y cuyas víctimas suelen ser inmigrantes indocumentados. Por ello, el lunes se oyeron dos soluciones en una audiencia en el Comité del Concejo del Sistema de Justicia que examinaba este problema. Diana Florence, de la Oficina de la Fiscalía de Manhattan, habló de la necesidad de que no solo se diera un carné de OSHA para los trabajadores que completen los cursos sobre seguridad sino que se mantenga una base de datos con ellos para evitar el mercado negro de estos carnets.

Otra de las soluciones para endurecer las circunstancias en las que se da el robo de salarios es que se dejen de conceder durante años permisos de construcción para las empresas que son culpables de este fraude y las sucesoras de estas empresas. El concejal Rory I. Lancman, dijo que es una posibilidad a estudiar y Florence sugirió que las dos opciones ayudan a proteger a esta población en riesgo.

El robo de salario es un problema que no desaparece entre trabajadores de bajos ingresos y que tiene más consecuencias que la inmediata, más dramática y más obvia. El hecho de que haya familias que no puedan pagar la renta de un mes o afrontar pagos importantes, como explicó la representante de Make The Road NYC en la audiencia.

Con salarios recortados por estos robos se paga menos dinero por los seguros de accidentes, en impuestos y también se resienten los futuros cheques de quienes cobren el seguro social. Además, empresas que respeten las leyes no pueden competir contra las que se saltan las normas y el gobierno tiene que hacerse cargo de muchas de las necesidades de estos trabajadores afectados por el fraude.

De acuerdo con The National Law Project, en 2010 los trabajadores de bajos recursos de la ciudad perdían unos $1,000 millones anualmente por estos robos. Para combatir estos robos las fiscalías de los cinco condados de NYC además de agencias de la ciudad y el estado lanzaron The Wage Theft Initiative el pasado diciembre y en 2015 se constituyó la Citywide Construcción Fraud Task Force. En 2007 se recuperaron $2.5 millones  para más de 400 trabajadores. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dijo hace semana y media que iba a reforzar su oficina contra el robo de salario y el año pasado se recuperaron $35,4 millones para 36,446 víctimas.

El robo de salarios también ocurre entre trabajadores de lavaderos de carros, empleados de comercio y restaurantes pero es más frecuente en la construcción.

Los representantes de las fiscalías afirman que la labor conjunta ayuda traer más casos ante tribunales y admitieron que muchos casos vienen referidos por organizaciones comunitarias, sindicatos, consulados y que hay mucha ansiedad y miedo entre los indocumentados a la hora reportar los casos. La fiscalía de Manhattan tiene un WhatsApp cuyo número es 646 712 0298 para recoger pistas sobre posibles problemas con salarios y seguridad y también se puede llamar al  1 (888) 4-NYSDOL para denunciar.

Los indocumentados tienen el derecho a pedir sus salarios e iniciar investigaciones denunciando su situación pero ayer, en la audiencia se hizo notar que en este momento y desde las pasadas elecciones el miedo y la ansiedad por pisar una oficina oficial se ha disparado.

Lo que la muerte de Moncayo reveló

Carlos Moncayo, nacido en Cuenca (Ecuador) llegó a Nueva York en 2012. En abril de 2015 perdió la vida al ser enterrado vivo en la obra en la que trabajaba en Meatpacking District por un accidente que podía haber sido prevenido. Se hicieron constar las condiciones de inseguridad del trabajo pero no obstante se siguió adelante con él. Examinando el caso, explicaba ayer Diana Florence de la Oficina del Fiscal de Manhattan, se reveló que no solo había problemas de malas condiciones de trabajo también se verificó que no se pagaban los salarios prevalentes los beneficios de la unión y los seguros de compensación. Ese año, se formó el Construction Fraud Task Force.