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Source: El Diario
Subject: Workplace Justice
Type: Media Coverage

Protestan por Robo de Salario

NUEVA YORK – Cien años atrás, en el día de hoy, el incendio de la fábrica del Triángulo mató a 146 costureras inmigrantes debido a las condiciones inseguras en que trabajaban, lo que inició la lucha por los derechos laborales en Nueva York.

Hoy, cien años después, siguen cometiéndose abusos.

"Con el abuso es como que la persona se está muriendo lentamente. Son cien años y pareciera que no se avanzara", comentó Zayda Moreno, peruana de 61 años. Moreno trabaja en "Se Hace Camino Nueva York" apoyando inmigrantes abusados, pero también ha sufrido en carne propia de malos tratos en el trabajo.

"La diferencia es que ahora hay organizaciones que se preocupan de la comunidad y a personas como Josefina", agregó Moreno.

Josefina Amador, mexicana de 51 años que reside en Brooklyn, trabajó en la tienda de descuentos Bergament Home Center desde el 2004 al 2008.

Según su abogada, Amy Carrol, Amador trabajaba 60 horas a la semana sin sobretiempo y se le pagaba menos del salario mínimo, que actualmente es $7,15.

Carrol dijo que —según el Departamento de Trabajo— a Amador se le deben $57.000 y están luchando para que los recupere.

"Es mi derecho, yo me lo gané, lo trabajé. Cuántas horas pasé parada en este lugar…", dijo Amador en frente de la tienda en la calle 37 y la avenida 13 en Brooklyn.

Según Amador a ella y al resto de los empleados, en su mayoría dominicanos, no les pagaban el salario mínimo, les daban media hora para comer, no les daban agua ni un lugar para calentar su comida.

Amador dejó de trabajar cuando su jefe no le permitió faltar un día en que ella tuvo que acompañar a un familiar enfermo en Nueva Jersey.

"Ha sido un poco lento", dijo Amador sobre el proceso. "Pero tengo fe en que se va a resolver".

Al ser consultado por su versión de los hechos, el administrador de Bergament Home Center amenazó con llamar a la policía por invasión de propiedad.

Este 9 de abril entra en vigor la ley que protege a los trabajadores del robo de salarios (Wage Theft Prevention Act), con lo que los activistas pro derechos laborales esperan que más empleados abusados como Amador se atrevan a demandar y a exigir sus derechos.

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